Reactivan en Comisión proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público

La instancia acordó votar la propuesta hasta su total despacho el 18 de julio próximo. En la oportunidad se espera analizar las indicaciones presentadas por el oficialismo, las cuales fueron acogidas por el Ejecutivo.
Con la presencia del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados reactivó el trámite del proyecto del Ejecutivo que fortalece el resguardo del orden público, iniciativa que había paralizado su discusión hacia principios de año.

Según informó el presidente de la instancia, diputado Cristian Letelier (UDI), con acuerdo unánime de todos los presentes se acordó fijar para el próximo 18 de julio votar la iniciativa hasta su total despacho. Precisó que la votación incluirá un conjunto de indicaciones presentadas por legisladores de la UDI y Renovación Nacional.

El diputado Letelier comunicó que el 11 de julio se realizará una sesión destinada a discutir en particular las propuestas de los diputados, así como recabar la opinión del Fiscal Nacional, Sabas Chahúan. Explicó que la idea es que la autoridad señale “porqué el sistema penal es tan feble con aquellas personas que delinquen y que atacan la propiedad y las personas y quedan libres”.

“Esperamos que prontamente la ciudadanía cuente y tanto los organismos tanto judiciales como policiales cuenten con una herramienta jurídica eficiente que permita con mucho rigor sancionar la clase de desmanes que está viendo el país muy a menudo”, sentenció.

El diputado Iván Moreira (UDI) destacó que el espíritu de la Comisión fue de debate y diálogo y recalcó que el tema de la violencia ha sido asumido como un tema de todos los chilenos. Además, valoró la buena disposición demostrada entre los sectores y que el proyecto se haya visto desentrabado en su debate.

El diputado Arturo Squella (UDI) explicó que las indicaciones presentadas por su sector, las cuales fueron acogidas por el Ejecutivo, se hacen cargo de las falencias que presenta la propuesta original del Gobierno, acogiendo algunas observaciones planteadas en su momento por los distintos profesores de derecho penal.

“Se precisa de mejor forma el tipo penal, el hecho punible; se dejan de lado los hechos que, a nuestro juicio, no debieran ser punibles; se hace más amplia la sanción, antes se hablaba de presidio menor en su grado medio, ahora hablamos de presidio menor en su grado mínimo a medio, en el entendido que las distintas variables que pueden presentarse en este delito son bastante extensas y el juez tiene que tener una mayor amplitud para aplicar una sanción. Se especifica de mejor manera cómo se sanciona la interrupción de los servicios públicos; en la invasión o toma, se exige que sea a través de violencia o intimidación en las personas y sin consentimiento del dependiente; y en cuanto a las barricadas o interrupción de tráfico también se exige que sea con violencia o intimidación”, detalló.

El diputado Cristián Monckeberg (RN) se manifestó muy conforme con el hecho que tanto el Gobierno como la oposición se abrieran al diálogo y se pudiera avanzar en el tema. De hecho, valoró que el sector opositor aceptara reabrir el debate en temas que ya habían sido sancionados por la instancia a través de una votación anterior.

Respecto de las indicaciones presentadas por Renovación Nacional, dijo que se recogen planteamientos presentados en las audiencias públicas y que apuntan a tres materias: aumentar el margen de las sanciones para quienes cometen delitos en el marco de desórdenes públicos y siempre y cuando se den en una situación de violencia o fuerza; mantener los mismos criterios establecidos hoy en el Código Penal frente a la obstrucción de los servicios de emergencia; y crear la figura de saqueo.

Para el diputado Carlos Montes (PS), lo primero es estudiar las propuestas presentadas por el oficialismo y, luego, resolver. “En una primera reacción, si bien disminuye el carácter represivo, mantiene una lógica en esa línea para enfrentar un fenómeno que es el de la protesta social que está creciendo en esta coyuntura de la historia de nuestro país”, planteó.

Estimó que hay que tener cuidado en los límites que se ponen a las medidas de sanción a la protesta social y consideró pertinente centrarse más en el daño a las personas y a los bienes públicos y privados. Además, recalcó que no está claro por qué, con las normas que hay hoy en día, no se puede enfrentar este tipo de situaciones.

El diputado Felipe Harboe (PPD) sostuvo que todos quieren terminar con la violencia, pero que no se deben cerrar a la idea que existe sólo una fórmula, como es aumentar las sanciones penales. Planteó que este proyecto avanza sólo en esa línea y no se hace cargo del problema que se vislumbra en el ámbito pericial o judicial.

En la misma línea, el diputado Matías Walker (DC) dijo que, para indagar sobre este último tema, es relevante poder conocer la opinión del Fiscal Nacional, así como la de Carabineros. Coincidió con Harboe y Montes en término de que la prioridad debiera estar centrada en aumentar la dotación de la policía, ver cómo funciona el Plan Cuadrante y fortalecer el Ministerio Público.

“El proyecto como está hoy día lo vamos a rechazar pero hemos dado la oportunidad de generar la discusión en estas dos semanas y votar el 18 de julio”, recalcó.

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Viernes 19 de Abril de 2019
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